Esta famosa frase originaria del siglo XVIII es el lema del “despotismo ilustrado”, donde se indicaba de manera resumida que los gobiernos realizaban medidas para el «pueblo», o para mejorar su situación, pero tales medidas eran dictadas por esos gobiernos sin la participación del pueblo.
Hoy, en pleno siglo XXI y a pesar de los muchos avances sociales como son las leyes de participación ciudadana o de la propia Constitución Española (art. 23.1), los distintos gobiernos a los que estamos sometidos (municipal, autonómico o central) continúan aplicando ese lema originando que a menudo nos levantamos los ciudadanos con nuevas leyes, leyes en las que no se les ha permitido su participación a pesar de haberlas solicitado con el argumentario por parte de la administración que existen “intereses encontrados” entre los agentes sociales.
Una vez que el proyecto sale a la luz lo pasan por el trámite maquillador de las “consultas públicas” para prácticamente sin cambio sustanciales. Sólo una mínima parte de las alegaciones son causas de modificaciones, se publica en el boletín oficial correspondiente. Todo este proceso se realiza bajo la supervisión y visto bueno de los grandes “lobby” que, no nos engañemos, son los que legislan en nuestro país.
Hace ahora un año se publicó el Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo, ley que se elaboró sin las participación directa de los agentes sociales y en la que se ve descaradamente la mano de de esos grandes “lobby”. Este RD en la actualidad se encuentra recurrido por las asociaciones de navegantes ante el Tribunal Supremo, lo que demuestra que su no participación hace que muchas de sus normas vayan contra los derechos de los navegantes y a favor de los “legisladores en la sombra”.
Ahora, aunque es necesaria su reforma desde hace años, se va a proceder a la modificación del RD/875/2014 por el que se regula el acceso a las diferentes titulaciones náuticas de recreo. Para esta modificación, y a pesar que varias asociaciones han solicitado su participación, la Administración reitera la negativa fundamentada en los ya indicados “intereses enfrentados”, pero ¿a qué intereses se refieren?, sin lugar a duda a los de las asociaciones que defienden los derechos de los navegantes y a los intereses de los grandes “lobby” que defienden aumentar sus ganancias a costa del bolsillo de los navegantes al igual que está ocurriendo con la aplicación del Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo.
Hoy en pleno siglo XXI en nuestro país, podemos seguir aplicando la frase que fue el lema del “despotismo ilustrado” en el S.XVIII “TODO PARA EL PUEBLO, PERO SIN EL PUEBLO”